Artículos
Michelle Bernier
Lawyer specialized on International Law and Commercial Disputes in Lex Solutions Group.
She is currently studying Master of Laws and International Business, with a double degree from the Universidad Internacional Iberoamericana in Mexico and the Universidad Europea del Atlántico
The UN General Assembly Resolution 60/251, which created the Human Rights Council, urges Member States to elect potential council members to take into account the contribution of candidates to the promotion and protection of human rights. However, when Venezuela was elected, with 105 votes, by the UN General Assembly to be one of the 47 countries that integrate its Human Rights Council, many scholars and country representatives expressed their indignation about these results.
This paper sets out to provide an analysis of the recent actions of countries, when it comes to human rights, from a classical realism and a neoliberal perspective, as well as to explain on a domestic level the motivations behind Costa Rica, NAM, and U.S interests.
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Sonia Rawicki y
Paolimar Odreman
Sonia Rawicki (Argentina): Abogada asesora en Derechos Humanos y promotora Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Paolimar Odreman (Venezuela): Abogada y defensora de derechos humanos. Diplomado en Gestión e Innovación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Las palabras pueden ser escudo que nos protege y marca distancia o una llave maestra que abre la puerta a la exploración de la comunicación y el derecho. Pero también, las palabras en sí mismas pueden ser una gran arma para enfatizar desigualdades y estereotipos de género.
En la misma línea, el uso de un lenguaje en perspectiva de derechos, transforma la realidad de quien lo utiliza en favor de lo nombrado: decir “discapacitado” en lugar de “persona con discapacidad” implica sustantivar un adjetivo, hacer del adjetivo, la cualidad o característica, la definición del ser.
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Juan José Rivero García
Abogado- U.C.V. T.S.U en Gestión Fiscal y Tributaria- I.S.U.M. Cursante de Especialización en Derecho Procesal- U.C.V. Cursante de Especialización en Derecho Administrativo-U.C.V.
El Estado de Derecho en nuestra sociedad, debido a la Pandemia del Covid- 19, ha sufrido un gran impacto al adoptar como medida la paralización que presenta el Sistema de Justicia, la Actividad Administrativa y la Prestación de Servicios Públicos, siendo inconstitucionalmente cuestionada su detención bajo ningún supuesto, debido que significa paralizar la sociedad y dejar sin efecto el pacto social que lo regula naturalmente. Es por ello, que el presente artículo de opinión fue realizado con la finalidad de señalar algunas de las posibles situaciones que genera el
Decreto del Estado de Alarma en la sociedad, el impacto psicológico, jurídico y económico, que cercena el modo de vida de los ciudadanos, estando limitados a no poder ejercer sus actividades, no solo las cotidianas sino también al quedar indefensos ante el Estado y desprotegidos por el mismo, al no poder hacer uso de las garantías constitucionales, cuando por motivo de las medidas dispuestas por la Pandemia, están imposibilitados de acceder a la Administración y a los Órganos de Justicia.
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Carlos Carrasco
Abogado summa cum laude - UCV
Lic. En comercio internacional - UAH
TSU en comercio exterior - USB
El conocimiento de embarque o Bill of lading (usualmente abreviado como “B/L”) es el documento fundamental que representa la existencia del contrato de transporte de mercancías por agua. De origines remotos, tiene diferentes funciones, tanto desde el punto de vista civil o marítimo como administrativo.
Si bien es cierto que desde el punto de vista practico estos documentos son usados en el día a día del comercio marítimo y transporte internacional, pocas veces se detienen los actores que forman parte de estas actividades en el análisis de la naturaleza jurídica de este documento, lo cual impacta directamente en el tratamiento del mismo a la hora de presentarse disputas relativas al contrato de transporte de mercancías por agua.
El presente análisis parte de la definición legislativa del instrumento a determinar las funciones que cumple el mismo como instrumento jurídico completo: la prueba del contrato de transporte de mercancías por agua, prueba del recibo de las mercancías, su carácter de título valor y la constitución de presunciones al momento de su emisión.
